La comisión de Justicia y Paz apoya la prórroga del plazo para el tratamiento de la reforma al Código Civil y Comercial en el Congreso

Publicado: Martes, 11 Marzo 2014

 

Durante las últimas semanas, los argentinos hemos comenzado a reflexionar y aportar nuestros puntos de vista sobre la propuesta de sanción de un nuevo Código Civil y Comercial. Es la reforma legislativa de mayor envergadura de las últimas décadas, que afectará fuertemente nuestra cultura, nuestra vida y nuestras relaciones cotidianas. Recientemente el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, ha expresado que “no nos pueden correr los plazos” y que “hay que dar el tiempo suficiente”, afirmando la necesidad de que todos puedan expresarse. Coincidimos y apoyamos el debate amplio y el diálogo sereno. En ese sentido vemos favorablemente la prórroga del plazo originario y perentorio de 90 días para su tratamiento legislativo.

 


Si la sociedad juzga necesario revisar  el Código e incluir las  nuevas realidades que emergen en nuestro tiempo,  es  fundamental la escucha activa y el análisis de las distintas opiniones que existen. Queremos manifestar la posición de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina sobre algunos aspectos.En la lectura del proyecto presentado encontramos puntos positivos como los referidos a la tutela de los derechos personalísimos (a la intimidad, a la imagen, al propio cuerpo), la protección de los consumidores, la regulación más simple y clara de muchos contratos o la  mejor tutela de la discapacidad.

 


Como ya expresaron los obispos y muchos especialistas en las audiencias públicas, pensamos que es de vital importancia que se reconozca la calidad de persona a todo ser humano a partir de la concepción, se respete el derecho a la identidad de todos los niños, se evite la cosificación de la mujer mediante el alquiler de vientres, se favorezca y simplifique realmente el procedimiento para la adopción y se respeten los deberes esenciales del matrimonio, entre otras cuestiones delicadas.


Resaltamos también algunos temas que merecen una reflexión desde la perspectiva de los más pobres y excluidos.


Compartimos el capítulo que el Proyecto dedica a la vivienda, pero  creemos que es necesario no abandonar la denominación de “bien de familia” contenida en la propia Constitución Nacional. Vivienda y familia son dos conceptos que deberían mantenerse unidos en su protección.  Se tutela a quienes ya poseen una vivienda pero se debería contemplar también a quienes no la tienen.


Esto remite al derecho de propiedad. El Proyecto mantiene una fuerte defensa de la propiedad individual, en su acepción clásica. Acordamos con este criterio ya que La Iglesia siempre lo ha defendido, pero también ha recordado el principio del “destino universal de los bienes”, es decir la función social de toda propiedad. En esta línea podría facilitarse la regularización de las viviendas en asentamientos precarios.


Debería recuperarse lo que expresaba el Anteproyecto original, que establecía la garantía del derecho al agua, ya que el acceso al agua potable es un derecho fundamental, todavía negado a  muchos hermanos nuestros.


También acompañamos a los pueblos originarios que en forma unánime y masiva han expresado su preocupación por la falta de consulta acerca de los temas que los afectan (Convenio 169 de la OIT), el tratamiento de su personalidad jurídica, que reivindican como pública no estatal, y una mejor regulación del derecho de propiedad indígena. 


No se trata de una ley que deba resolverse por intereses, urgencias o por imposición de número. Es una gran oportunidad para construir juntos, desde la amistad social, una Nación de hermanos.

 

Lic. Gabriel Castelli
Presidente
Comisión Nacional Justicia y Paz

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