Ponencia "LA CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO ABORIGEN" Semana Social 2006

Publicado: Viernes, 06 Junio 2014
LA CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO ABORGEN Germán José Bournissen [1] En primer lugar, desearía contextualizar la cuestión de la "capacitación en el ámbito aborigen" haciendo una referencia a la situación general de los Pueblos Indígenas en nuestro país. Desde el punto de vista cuantitativo, podemos decir que se estima que en Argentina hay un millón y medio de personas pertenecientes a algunos de los 17 pueblos indígenas que actualmente enriquecen el patrimonio cultural y lingüístico de nuestra Nación. Muchos de ellos viven en las provincias del norte y del sur del país, en alrededor de novecientas comunidades rurales, aunque es cada vez más numerosa su presencia en algunas ciudades, especialmente en las capitales de provincia, así como también en Rosario y el Gran Buenos Aires. Desde el punto de vista cultural, podemos decir que muchos de estos pueblos conservan su cultura y lengua tradicional, tal es el caso de los mapuches en el sur, y de los tobas, los wichí, los pilagá, y los guaraníes en el norte. Otros -como es el caso de los kollas- han perdido su lengua pero conservan fuertemente su cultura y organización tradicional. Para dar un breve panorama sobre su situación social, recurriré a datos de una reciente investigación realizada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. Dicho trabajo forma parte -como anexo- del documento elaborado por las Comisiones de Pastoral Social, Pastoral Aborigen y Cáritas titulado UNA TIERRA PARA TODOS. Como todos ustedes saben, un dato determinante de la situación social de las comunidades aborígenes es la cuestión de la tierra. En ese sentido, el estudio del Observatorio Social señala [2] que un 60 % de las comunidades no posee el título de propiedad de las tierras que actualmente ocupan. De este 60 % de que no posee titulo de propiedad, la mitad se encuentran en tierras fiscales nacionales o provinciales y la otra mitad en tierras privadas. Algo más de las dos terceras partes de las tierras ocupadas por los grupos aborígenes relevados son denunciadas como insuficientes o poco aptas para el desarrollo económico y social de las comunidades. Asimismo, casi la mitad de las comunidades aborígenes se encuentra privada del acceso a la tierra o algún recurso natural necesario para la subsistencia y manutención del grupo. El estudio realizó también una evaluación sobre la oferta de servicios y prestaciones públicas y privadas, a fin de poder conocer el acceso de estas comunidades a recursos suficientes y adecuados para el desarrollo humano y social. Con respecto a la salud, más del 95 % de las comunidades aborígenes relevadas reciben atención médica hospitalaria deficitaria, y las campañas de prevención y vacunación no llegan al 35% de las comunidades estudiadas La mayoría tampoco tiene acceso a los servicios de justicia y seguridad y la asistencia legal es insuficiente. La electricidad y el agua corriente solo llegan en forma suficiente al 30 % de la población, y el no acceso de la mitad de los grupos aborígenes a servicios de transporte de pasajeros da cuenta del aislamiento que padecen. Por último, para entrar en el tema especifico que hoy nos convoca, podemos apreciar que si bien los servicios de enseñanza primaria no benefician solo a una de cada cinco comunidades, el déficit en cuanto a la enseñanza secundaria, la de adultos y la capacitación en general aumenta considerablemente, afectando a un 70 % de las comunidades analizadas. En cuanto a los programas de empleo, un 72% de las comunidades no se encuentran beneficiadas por ellos y un 94% carecen de acceso a programas productivos del tipo micro emprendimientos. Esta dura realidad contrasta fuertemente con lo preceptuado en la Constitución Nacional y los convenios internacionales sobre pueblos indígenas. El artículo 75ø, inciso 17, de nuestra Carta Magna dice lo siguiente: "Corresponde al Congreso de la Nación: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ... " El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es otra norma que estimo necesario destacar aquí, por su rango internacional y por dedicar un capítulo especial a la cuestión de la formación profesional. Este Convenio se basa en la idea de que los Pueblos Indígenas son sociedades permanentes, y propicia el establecimiento de una nueva relación entre el Estado y dichos Pueblos, en base al reconocimiento y respeto de la diversidad cultural y étnica. Ello implica el derecho de éstos a establecer sus propias prioridades de desarrollo. Esta norma consolida los conceptos de tierra y territorio, introduce disposiciones en cuanto a los derechos de los Pueblos Indígenas sobre los recursos naturales y resalta fuertemente el derecho a participar y ser consultados en aquellas decisiones del Estado que puedan afectarlos. También les reconoce el derecho a establecer sus propias prioridades y la obligación del Estado de facilitar los contactos y la cooperación a través de las fronteras, esto habida cuenta de que muchos pueblos han quedado divididos por los límites territoriales de los países. Desde el punto de vista educativo, esta última cuestión tiene singular relevancia ya que, por ejemplo, muchos jóvenes guaraníes que habitan en la provincia de Jujuy, dado que tienen familiares en el sur de Bolivia y mejores y más adecuadas oportunidades educativas en ese país. Allí se capacitan como agentes de salud, en cursos avalados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pero el problema surge cuando la certificación de estos cursos no está acreditada por el Ministerio de Salud de Jujuy, con cual les resulta imposible ingresar y trabajar al servicio de sus comunidades de origen como agentes del sistema de salud pública provincial. El Convenio 169 de la OIT también aborda la cuestión de la formación profesional y establece que los indígenas deberán disponer de medios por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos en esta materia. Como podemos ver, en nuestro país estamos muy lejos de este ideal ya que, como lo indica el estudio de la UCA, el déficit en materia de enseñanza secundaria y capacitación afecta a un 70 % de las comunidades. Muy lejos están las comunidades aborígenes de contar también con programas especiales de formación profesional basados en su entorno económico, condiciones sociales y culturales, y necesidades concretas. Es verdad que existen loables iniciativas de capacitación por parte de algunas instituciones educativas, tanto de gestión estatal como privada, que son respetuosas de la cultura y de las necesidades específicas de las comunidades destinatarias, pero no tenemos registro de que existan programas de este tipo en el país. Como ejemplo valioso de capacitación desearía señalar aquí los cursos para jóvenes mapuches que son impartidos por las escuelas técnicas salesianas en Neuquén, los cursos de capacitación en oficios y formación ciudadana que los hermanos Maristas ofrecen a jóvenes guaraníes de El Ramal jujeño y la capacitación en construcción ofrecida por las diócesis del norte, en el marco de un programa de construcción de viviendas por ayuda mutua. Como conclusión de todo lo expuesto, podemos decir que los aborígenes tienen una muy clara conciencia de la importancia de la educación básica de sus niños y de la formación profesional de sus jóvenes, como herramienta fundamental para revertir la grave situación que padecen. Es verdad que la enseñanza primaria llega a casi todas las comunidades por más aisladas que se encuentren, pero es preciso reconocer que la educación que reciben deja mucho que desear en cuanto a su calidad y la adaptación a la realidad lingüística y cultural de las comunidades, ello a pesar de la existencia -a nivel nacional y en algunas provincias- de valiosos programas que atienden a la realidad particular de los pueblos indígenas. Con respecto a la educación secundaria y polimodal, podemos constatar que éstas benefician especialmente a los adolescentes y jóvenes aborígenes que viven en las zonas urbanas, pero son pocos los jóvenes de las comunidades rurales que pueden ingresar y permanecer en este nivel educativo. Para lograr este acceso y permanencia, en estos últimos años ha sido de gran importancia el apoyo mediante becas brindado por el Ministerio de Educación de la Nación, el cual sería deseable que se mantenga y amplíe. Con respecto a la capacitación para el trabajo seria importante el diseño de variadas ofertas educativas brindadas, tanto desde las instituciones de nivel secundario o polimodal, como desde centros de capacitación flexibles y dinámicos que ofrezcan cursos cortos y con una orientación eminentemente práctica. Reestablecer la inestimable oferta educativa que brindaban las escuelas técnicas -y que la reforma educativa dejó de lado en muchas provincias- seria otra forma de favorecer la formación profesional y la capacitación en oficios de los jóvenes. Esperamos también que los pueblos indígenas puedan participar activamente en el debate que se ha abierto en torno a una nueva Ley Nacional de Educación. De hecho, tenemos conocimiento que el Ministerio de Educación de la Nación ha iniciado el dialogo con los pueblos indígenas convocado a sus dirigentes a una reunión consultiva que comenzara el próximo lunes. Estamos seguros que sabrán aprovechar éste y otros espacios que se les abran también en las provincias, aportando valiosas propuestas pues -ya dijimos- su interés y preocupación por la educación de las generaciones jóvenes es constante. Tenemos la esperanza que una clara y relevante política indígena nacional tenga como ejes primordiales el acceso a la tierra y la educación. Creemos que ello permitirá que en pocos años se reviertan los lacerantes guarismos que hemos expuesto previamente. [1] Profesor de Filosofía y Pedagogía; actual Coordinador Nacional del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen del Episcopado Argentino. [2] Ver páginas 85 y siguientes de UNA TIERRA PARA TODOS, Conferencia Episcopal Argentina, Oficina del Libro, diciembre de 2005.

Situación Comunidad Qom

Reunión entre Mons. Lozano con diputados nacionales y dirigentes sociales por la situación de la comunidad Qom.

 

 

Monseñor Jorge Eduardo Lozano, obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal  de Pastoral Social, se reunió con Victoria Donda (Libres del Sur), Alicia Ciciliani (Socialismo), Virginia Linares y Cristina Calvo (GEN), Ricardo Alfonsín (UCR), Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica-ARI), María Elena Barbagelatta (Socialismo), Humberto Tumini (Libres del Sur) para interiorizarse del conflicto que está viviendo la comunidad Qom La Primavera  de Formosa.

 

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Reunión con CGT

Mons. Lozano se reunió con Moyano y dirigentes de CGT

 

En el marco de la realización de la Semana Social 2013, el presidente de la Comisión Episcopal  de Pastoral Social (CEPAS), Mons. Jorge Lozano se reunió con dirigentes sindicales.

 El encuentro tuvo lugar en la sede del Sindicato Único de Espectáculos Públicos (SUTEP) y participaron Hugo Moyano, Gerónimo “el Momo” Venegas, el secretario del SUTEP Miguel Ángel Paniagua, y cerca de 40 dirigentes y secretarios generales.

 

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Designación de nuevas autoridades

Designación de nuevas autoridades frente a la Comisión Episcopal de Pastoral Social

 

 

El actual Obispo de la Diócesis Gualeguaychú, Monseñor Jorge Lozano, fue elegido como presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social para el periodo 2011-2014. La designación se conoció durante la asamblea plenaria del Episcopado, que se desarrolló en la casa de ejercicios espirituales "El Cenáculo" en Pilar, Provincia de Buenos Aires, donde además se renovaron todos los cargos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

 

Por su parte,[...] fue designado como Secretario Ejecutivo de la misma, el Pbro. Adalberto Odstrcil.

 

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