Buenos Aires, 23 de febrero de 2026
Con la participación de diversos sectores sociales, la Mesa Nacional de Barrios Populares realizó esta mañana una conferencia de prensa en el centro porteño. Bajo la consigna «Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas» , representantes de la Iglesia, organizaciones de la sociedad civil y movimientos populares expresaron su preocupación por la reducción de presupuesto de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SSISU) y la paralización de las políticas de hábitat en todo el país.
El panel de oradores, integrado por el Arzobispo Gustavo Carrara (Presidente de Cáritas Argentina), Juan Maquieyra (Director Ejecutivo de TECHO-Argentina), Fernanda García Monticelli (ex Subsecretaria de Gestión de Tierras de la SSISU) y Lila Calderón (Referente del Barrio Obrero de Cipolletti), alertó sobre las consecuencias del cierre de la Subsecretaría para los 5 millones de personas que habitan en villas y asentamientos de todo el país.
Durante el encuentro se destacó que esta política pública ha logrado trascender dos gestiones de gobierno de distinto signo político , consolidándose como un consenso nacional desde su creación en 2016 y su posterior aprobación por unanimidad en el Congreso en 2018. Los expositores coincidieron en que la integración socio urbana no es una bandera partidaria, sino una herramienta de transformación social auditada por organismos internacionales como el BID y entidades nacionales como la SIGEN y la UCA, que han certificado su transparencia y eficiencia en el territorio.
El Arzobispo Gustavo Carrara, presidente de Cáritas Argentina, fue contundente al manifestar que “estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”, En ese marco, subrayó la importancia de avanzar en procesos de urbanización e integración social: “Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como agua potable y electricidad segura. Pero la integración habla de protagonismo”.
Y destacó especialmente el rol de las comunidades: “El relevamiento no se hubiera podido hacer sin los vecinos y vecinas. Ellos trabajan por la integración de sus barrios y ya aportan muchísimo: son obreros de la construcción, trabajadores de la industria textil, de los cordones frutihortícolas que producen los alimentos que consumimos”.
Carrara hizo además un llamado desde la solidaridad y la humanidad: “¿Qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero si otros no comen no hay problema?’”.
Por su parte, Lila Calderón , referente del Barrio Obrero de Cipolletti y fundadora de la Mesa Nacional, coincidió en que «había barrios de 70 años olvidados, absolutamente abandonados, sin recursos, sin agua, sin luz ni cloacas. Nadie venía, nadie estaba, más que los mismos vecinos viendo como colgarse de la luz, con el riesgo de morir electrocutados”. Insistió en que durante todo este proceso «nos quedaron en el camino muchos vecinos y vecinas muertas, porque vivían en zonas inundables, porque a partir de la conexión precaria de electricidad se les prendía fuego la casa”.
Fernanda García Monticelli , ex Subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales de la SISU, expresó que durante la implementación de la política “el 80% de los barrios populares tuvo inversión pública, hubo más de 1.200 proyectos de integración sociourbana con 24.000 lotes con servicio, 250.000 mejoras de vivienda con el programa Mi Pieza, lo que representó un desafío grande para hacerlo a escala”. Sobre el desmantelamiento del organismo ejecutor, agregó: “No se está desmantelando una oficina pública, sino que se trata de la pieza ejecutora de la política, son los relevadores, los que está en territorio y quienes son una defensa ante desalojos”.
Por su parte, Juan Maquieyra , Director Ejecutivo de TECHO-Argentina, resaltó que tanto el RENABAP como la Ley 27.453 son “políticas que se desarrollaron de abajo hacia arriba y se convirtieron en una política de Estado de la Nación Argentina votada por el Congreso por unanimidad, arrancando en un barrio”, y agregó que este proceso “se hizo encontrando a los distintos” y se “sustentó haciendo, hubo decenas de miles de obras que se realizaron y que fueron auditadas para que niños y niñas tengan donde crecer”.
Por último, cerró invitando a la reflexión con la pregunta: “¿En qué Argentina queremos vivir? ¿en una donde, si naces en un barrio popular hoy y no hay obras de integración socio urbana, vas a vivir 11 años menos?”.
Un retroceso que afecta a millones
Los expositores explicaron que la paralización de esta política no es una discusión administrativa; es el incumplimiento de una ley nacional sancionada por unanimidad en 2018. Los datos presentados durante la conferencia reflejan una realidad alarmante: más de 700 obras frenadas y más de 11 mil mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza.
Como sostuvieron desde la Mesa, «en contextos de crisis económica, el deber estatal de protección de los derechos sociales debe intensificarse, no retraerse».
Finalmente se hizo especial hincapié en la vigencia del marco legal. Se recordó que la Justicia Federal, a través del Juzgado Federal de Pehuajó, ya ha dictado medidas cautelares que ordenan al Estado Nacional garantizar la continuidad de la política pública y suspenden cualquier intento de disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), señalando que su paralización constituye una violación a leyes vigentes y mandatos constitucionales.
200 adhesiones en apoyo a la declaración
El reclamo de continuidad de la política nacional de integración socio urbana fue respaldado por una declaración que cuenta con más de 200 adhesiones de diversos sectores. Entre las instituciones firmantes se destacan Cáritas Argentina, TECHO , la UTEP, institutos de investigación CONICET y una red federal de Universidades Nacionales de todo el país. También acompañaron esta iniciativa la organización FUNDAR, la Pastoral Social, así como numerosos sindicatos y confederaciones de diferentes sectores, tales como la UOCRA, Fempinra, UEJN, SIPREBA, todos unidos en la exigencia de sostener una política de Estado que garantice tierra, techo y trabajo.
Sobre la política de integración socio urbana
Esta política se construyó a partir de un amplio consenso social y político. En 2016, organizaciones sociales, la Iglesia y habitantes de barrios populares impulsaron el primer relevamiento nacional: el RENABAP , formalizado por el Decreto 358/2017. Por primera vez, el Estado contó con un diagnóstico federal para saber cuántas personas viven en barrios populares, dónde están y en qué condiciones. Se pasó de la invisibilidad a la información pública para la acción.
En 2018, ese consenso se transformó en política pública con la sanción unánime de la Ley 27.453, luego reformada en 2022. Por primera vez, el Estado nacional reconoció la existencia de más de 6.400 barrios populares, declaró la problemática de interés público y asumió responsabilidades concretas para garantizar el derecho al hábitat.
Mesa Nacional de Barrios Populares
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