Buenos Aires, 19 de febrero de 2026
Pasado el mediodía del jueves 19 de febrero, representantes de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) y de Cáritas Nacional participaron de una reunión en el Congreso Nacional, en la que expusieron su postura acerca del proyecto que modifica el Régimen Penal Juvenil vigente y de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad.
Durante el encuentro, las organizaciones presentaron los principales argumentos contenidos en la “Carta Abierta a los Legisladores Nacionales”, con la aclaración de que muchas de estas razones son compartidas con instituciones de referencia en políticas vinculadas con la minoridad tales como UNICEF, Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADEPRA), Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), entre otras.
En su exposición, los referentes de la CEPAS y de Cáritas subrayaron que bajar la edad de imputabilidad no reduce el delito, sino que profundiza la exclusión y la violencia. La evidencia regional demuestra que los países que han fijado edades de imputabilidad más bajas presentan mayores niveles de violencia, mientras que Argentina —con una edad mínima de 16 años— mantiene una de las tasas más bajas de homicidios de la región.
Asimismo, señalaron que no están dadas las condiciones materiales, institucionales ni presupuestarias para implementar un régimen penal juvenil que garantice acompañamiento integral, tratamiento en salud mental, continuidad educativa, capacitación laboral y procesos reales de reinserción. En un contexto de desfinanciamiento de las políticas sociales, advirtieron que la respuesta penal temprana recae principalmente sobre los sectores más pobres, sin resolver las causas estructurales del conflicto social.
Las entidades subrayaron que los adolescentes son sujetos en desarrollo, con capacidades progresivas, y que la evidencia científica demuestra que el cerebro adolescente aún no ha alcanzado la madurez necesaria para una plena evaluación de las consecuencias de sus actos. Por ello, insistieron con que los conflictos protagonizados por menores de 16 años deben ser abordados por el Sistema de Protección de Derechos y los Juzgados de Familia, y no por el sistema penal, que debe ser siempre la última instancia.
En relación con los adolescentes mayores de 16 años que cometen delitos graves, propusieron fortalecer mecanismos de justicia restaurativa, que han demostrado reducir significativamente la reincidencia y promover procesos auténticos de reparación para las víctimas y la comunidad.
Finalmente, alertaron sobre los cuestionamientos de constitucionalidad del proyecto en debate, al implicar una medida regresiva en materia de derechos humanos y contraria a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
“La solución a la violencia no es el castigo temprano, sino la prevención, la inclusión y la creación de oportunidades reales. Lo que está en juego no es solo una ley, sino el modelo de sociedad que queremos construir”, expresaron los representantes, reafirmando su disposición a seguir dialogando y aportando a una reforma integral, seria y responsable del Régimen Penal Juvenil.
