LA SEGURIDAD SOCIAL NO ES UN PRIVILEGIO, ES UN DERECHO
Como familia argentina somos testigos del dolor que nos causa una realidad que hiere la dignidad humana en el ámbito de la seguridad social.
Asistimos azorados a ver:
- Cómo tantas personas que han trabajado toda su vida no logran cubrir sus necesidades básicas, aun contando con un legítimo derecho a una cobertura previsional y sanitaria.
- Cómo muchos jubilados deben optar entre comprar un medicamento u otro, entre alimentarse o continuar un tratamiento.
- El incremento de situaciones de descompensación y deterioro de la salud producto de la imposibilidad de sostener tratamientos médicos esenciales. Detrás de cada cifra hay rostros concretos, historias de sufrimiento y, muchas veces, muertes silenciosas fruto de la indiferencia y del descarte.
- El desfinanciamiento de prestaciones destinadas a personas con discapacidad, a quienes atraviesan padecimientos de salud mental o situaciones de consumo problemático. Allí donde debería haber cuidado, acompañamiento y contención, muchas veces aparecen incertidumbre, angustia y abandono.
- Son criminalizadas o tratadas como un problema de seguridad personas en situación de calle que deberían ser acompañadas desde políticas integrales de protección, salud mental y abordaje interdisciplinario, y ser reconocidas como hermanos y hermanas que necesitan contención, escucha y oportunidades reales de inclusión.
La seguridad social es un derecho fundamental que nace de la dignidad de toda persona humana que fue pensado precisamente para que nadie quede desamparado frente a contingencias como la enfermedad, la discapacidad, la ancianidad o la pobreza. LA SEGURIDAD SOCIAL NO ES UNA CONCESIÓN NI UN PRIVILEGIO.
El Papa Francisco nos recordaba que “nadie puede ser descartado” y que una sociedad verdaderamente humana se construye poniendo en el centro la dignidad de cada persona. En la misma línea, el Papa León XIV ha alentado a defender especialmente “la dignidad de los pequeños, los débiles y los pobres”.
Por ello, como ciudadanos y como comunidad creyente, queremos dirigir este llamado tanto a nuestros gobernantes y dirigentes políticos, económicos y sociales, como a toda la sociedad, para que asumamos con responsabilidad y sensibilidad humana el compromiso de cuidar a quienes más sufren, garantizando el efectivo cumplimiento de los derechos sociales y el acceso real a condiciones de vida dignas para todos nuestros hermanos y hermanas.
Como sociedad necesitamos tender puentes de diálogo y encuentro, dejando de lado toda indiferencia. Porque una comunidad justa no se mide solamente por sus indicadores económicos, sino también por la manera en que cuida, protege y acompaña a quienes más necesitan.
Como cristianos, renovamos nuestra esperanza en Jesucristo, que se hizo cercano a los pobres, los enfermos y los descartados. Le pedimos a la Virgen María, Madre de la Esperanza, que acompañe a nuestro pueblo y nos ayude a construir una sociedad más fraterna, donde nadie quede excluido ni abandonado.
